Mujeres y hombres de pueblos originarios organizados en el Frente Anáhuac marchan al zócalo de la ciudad de México para defender sus territorios contra la imposición del llamado Plan General de Desarrollo. Al defender esos territorios, los pueblos defienden el agua, el aire y el futuro de una ciudad empujada al desfiladero del colapso por empresarios que se enriquecen promoviendo una urbanización salvaje.
Fotos: RosaMaría
Texto: Enrike Tlate
Ciudad de México, 8 de abril de 2026
Clara Brugada, jefa de gobierno de esta ciudad adolorida habló y su séquito cerró filas: la consulta terminó y es momento de aprobar el nuevo “Plan general de desarrollo” (PGD) de la ciudad.
En rebeldía, mujeres y hombres del Frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios del Anáhuac (Frente Anáhuac en corto) marchan al zócalo de la ciudad.
Los pueblos exigen hablar con Brugada, decirle directamente que la consulta es un embuste, que millones en la ciudad ni siquiera saben que el plan existe. Que para los pueblos originarios –que por ley deben ser consultados– la tal consulta ha sido una farsa amañada, una especie de “censo de peticiones” en el mejor de los casos, sin exponer lo que el PGD realmente conlleva.
Según el gobierno, el PGD busca “erradicar la pobreza, contrarrestar las desigualdades de género, prevenir riesgos socioambientales y de salud” en la ciudad.
El Frente Anáhuac, sin embargo, denuncia que casi nadie conoce un plan de más de 500 páginas. Y que mientras la jefa de gobierno se reúne con empresas inmobiliarias para discutir los detalles del plan, para los pueblos –y la población en general—ni siquiera copias del plan ofrecen (“no hay presupuesto”). Sólo imprimen carteles publicitarios vacíos y hojas de encuesta que dicen nada del contenido del plan.
El Frente Anáhuac demanda consultas reales, con tiempo suficiente para conocer, discutir y ofrecer críticas o sugerencias al enorme documento. Y reglas claras sobre cómo se tomarán en cuenta las distintas versiones a la hora de aprobarlo.
Pues se trata de un plan que legislará el rumbo que el gobierno quiere imprimir a la ciudad en los próximos 20 años.
Con base en la realidad, en lo que ocurre, y en la manera “discrecional” con que el plan se construye, para el Frente Anáhuac, el PGD 2025 – 2045 sólo significa más destrucción, gentrificación, turistificación, matazón lenta y segura.
Una absoluta falta de respeto a la vida tanto de personas como de los bosques, el agua y la Madre Tierra.
El Frente Anáhuac reúne decenas de pueblos y barrios originarios que resisten la expansión de la ciudad y el despojo de sus territorios y aguas, así como el acoso contra sus lenguas y culturas prácticamente desde la conquista española de 1521.
No son parte de la ciudad, aun cuando administrativamente se les obligue a subordinarse al gobierno de la CDMX. Son pueblos y barrios colonizados por siglos y que hoy son agresivamente amenazados por empresarios inmobiliarios y de bienes raíces tanto nacionales como extranjeros mayormente de Estados Unidos.
Entre el ruido de las construcciones y el frenesí de levantar rascacielos de condominios e inmensos malls y plazas comerciales, las empresas inmobiliarias no se preocupan por el futuro de la ciudad, van por las áreas verdes que son reserva de agua, aire y territorio, cada vez más reducidas y que sin ellas la ciudad simplemente colapsará. ¿Qué futuro estamos heredando a nuestra niñez y juventud?
En su afán de aumentar ganancias inmediatas, la urbanización salvaje choca con pueblos y barrios originarios que poseen en colectivo territorios comunales y tierras de reserva ecológica. Tratan de arrebatárselas a como de lugar usando todo tipo de coartadas y con el apoyo absoluto del gobierno “de la transformación”. En Coyoacán autorizan rascacielos tipo Mitikah despojando al pueblo de Xoco y colonias aledañas. En Tlalpan engrandecen un estadio antes llamado Azteca con absoluto desprecio de los pueblos de la región de Santa Úrsula. En la Roma y Condesa gentrifican casas y edificios para los llamados “nómadas urbanos” que imponen el inglés como lengua de la región y expulsan habitantes que por décadas allí han vivido. En Milpa Alta imponen un cablebús contra la voluntad de los pueblos originarios que en nada son beneficiados por dicha megabobra.
Y en fin, por doquier ocurre la misma política de invasión violenta de áreas verdes de conservación por personas desesperadas por un lugar dónde vivir y manipuladas por líderes políticos que se benefician del enfrentamiento entre invasores y pueblos que protegen su tierra.
Pero lo que muchos no ven es que al proteger su territorio, los pueblos originarios son defensores de la lastimada Madre Tierra y del agua y el futuro de la ciudad misma que tanto les desprecia. Con Brugada a la cabeza, llegan al gobierno los antaño activistas del movimiento urbano popular. El PGD se propone “regularizar” viviendas irregulares y precarias que nacieron justo de invasiones de áreas verdes de conservación que han sido propiedad comunal de pueblos originarios. O sea, que el gobierno se propone legalizar un despojo. Los empresarios inmobiliarios bien saben que dicha “regularización” abre la temporada de cacería para apoderarse de propiedades que serán propiedad privada. Pagarán una bicoca por ellas o contratarán narcos del cartel de moda para convencer a la gente que tiene que irse.
Así la ciudad va creciendo y “modernizándose” y contra ese futuro distópico es que el Frente Anáhuac se moviliza.
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